España debe dejar destinar los fondos europeos a combatir el desempleo juvenil, la principal anomalía de su maltrecha economía. La Comisión Europea exige al Gobierno que cambie parte del destino de las ayudas comunitarias para centrarse en crear empleo y modernizar las pequeñas y medianas empresas, poco competitivas. Con este mensaje, Bruselas pretende iniciar una negociación para mejorar la eficacia de los fondos que se repartirán en los próximos años.

La Comisión quiere garantizar que los fondos van donde más se necesitan para fomentar la salida de la crisis. Así que por primera vez ha decidido exigir unas líneas de actuación para el destino de esas partidas regionales.

El primer objetivo es reducir el desempleo, en particular el juvenil. La Comisión considera insuficientes las políticas públicas que promueven la ocupación, pues no incentivan la movilidad geográfica ni reducen la brecha existente entre la formación que demanda el mercado y la que tienen los desempleados.

A la falta de empleo se une la “baja competitividad de las pymes”, Bruselas echa en falta una mayor diversificación e internacionalización de las empresas y para procurarla propone mejorar el acceso a la financiación —muy limitado ahora por la crisis bancaria— y asesorarlas en su expansión exterior.

Bruselas ha mejorado la financiación de algunos proyectos ya en marcha a cambio de que el Gobierno aplique inmediatamente el nuevo espíritu que quiere infundir a las políticas regionales.

Como contrapartida, el departamento de Política Regional quiere acelerar al máximo el nuevo rumbo de los fondos comunitarios. Por ello está negociando con las autoridades españolas cómo trasvasar 1.100 millones de euros de proyectos ya aprobados hacia otros de mayor valor añadido.

En todo caso, España está condenada a recibir menos recursos en los presupuestos europeos de 2014 a 2020, a causa de la convergencia de la economía española que, pese a la crisis, se ha producido en los últimos años. España podría perder en torno a 20.000 millones.